El campesinado sigue reclamando medidas para hacer frente a la crisis de la dermatosis, pero las medidas aún no llegan. Este lunes, el Gremio de la Campesinado Catalán ha lanzado un ultimátum a la Generalitat, Estado y Comisión Europea y da un plazo de diez días para aplicar «medidas inmediatas y efectivas» contra la dermatosis nodular contagiosa (DNC): «La crisis de la DNC está lejos de estar bajo control», exclaman a través de un comunicado, en el cual también advierten que, ante la falta de respuesta a la crisis, comienzan a realizar «pequeñas acciones reivindicativas para mostrar el rechazo a la mala gestión de las tres administraciones». Unas protestas que, según avisan, «aumentarán en intensidad» si no atienden sus peticiones.
En detalle, el campo catalán exige «detener los vacíos sanitarios» con los que tienen que convivir y da dos días de margen al gobierno de Salvador Illa para «poner orden en su base de datos»: «Actualizarla y eliminar del listado de vacunación todas aquellas granjas inactivas, vacías o dadas de baja, con el fin de garantizar que los porcentajes de animales y explotaciones sean reales y no ficticios», exclaman desde el gremio del campesinado en este mismo comunicado. En este sentido, los campesinos también quieren que la Generalitat asuma la gestión directa de la vacunación y «acelere el proceso, fijando diez días para que el 100% de los animales de los radios afectados por la enfermedad estén vacunados».

Deberes para el gobierno español
En este mismo comunicado, el campo catalán también pone deberes al gobierno español. En concreto, instan al ejecutivo de Pedro Sánchez a agilizar las valoraciones de los vacíos sanitarios y dan el mismo plazo de tiempo para comunicar «oficialmente» los importes de indemnización por cada concepto. También exigen al gobierno español que Cataluña «tenga libertad» para decidir el mejor plan de vacunación y de autoprotección ante la crisis. Por último, el campo catalán también pide a Bruselas que revise los protocolos que está imponiendo actualmente porque creen que son «desproporcionados»: «Cada zona tiene sus características propias, su climatología y su sistema productivo, y por tanto las medidas para afrontar esta crisis se deben poder adaptar a criterio de cada territorio», aseguran.
