La bomba explotó el pasado jueves cuando el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) decidió dar luz verde a la prórroga de la explotación de la central nuclear de Almaraz, en Cáceres, hasta el 2030. Se trata de una extensión de la vida de la central nuclear que debía ser la primera en cerrar en el estado español entre el 2027 y el 2028. Según fuentes del CSN, los técnicos han tomado la decisión después de comprobar el funcionamiento de la central y que mantiene el nivel adecuado de seguridad para continuar operando. El organismo emitió un informe favorable, con condiciones, para que la central pueda continuar operando hasta el año 2030, y hay 29 documentos elaborados por expertos que avalan la extensión de la vida de Almaraz. Sin embargo, la decisión de la prórroga no la toma el CSN, sino que eleva su informe favorable al Ministerio para la Transición Ecológica y el gobierno español es quien tiene la última palabra.
La petición de prórroga de Almaraz crea un precedente que puede ser seguido por las nucleares catalanas. En principio, el gobierno español prevé el cierre de las centrales nucleares de Ascó I en octubre de 2030, de Ascó II en octubre de 2031 y Vandellòs II en febrero de 2035. Unos cierres que desde la Asociación Nuclear Ascó Vandellòs II (ANAV) ya se ha reclamado revertirlos y extender la vida de las centrales nucleares catalanas.
Foment del Treball reclama extender la vida de las nucleares catalanas y choca con los ecologistas
Foment del Treball ha sido de las primeras organizaciones en responder al anuncio de Almaraz. La patronal catalana de la gran empresa ha reclamado que la revisión del calendario nuclear incluya Ascó y Vandellòs, ya que aseguran que la resolución sobre Almaraz es un «punto de partida» que debería desembocar en un análisis «realista, riguroso y global» de la política nuclear del estado español. En un comunicado, Foment señala que el caso de las nucleares catalanas «no debe ser una excepción aislada» y pide que se revise el calendario de cierre de las centrales para «proteger» la industria de Cataluña. La patronal catalana señala que la política energética «debe basarse en criterios técnicos, económicos y de seguridad de suministro, y no en planteamientos ideológicos» y asegura que «no puede haber transición energética sin la energía proveniente de las centrales nucleares».
La organización presidida por Josep Sánchez Llibre exige que la Generalitat y el Estado actúen coordinadamente y que sea el gobierno español el que un «diálogo» con las empresas propietarias, los organismos reguladores, las comunidades autónomas y los sectores industriales para poder extender la vida de las centrales. «La transición energética no se puede construir cerrando capacidad de generación antes de haber garantizado su sustitución», aseguran desde la patronal catalana, que asegura que prescindir de la energía nuclear supondría un agravio para el tejido empresarial catalán, «comportaría más costos energéticos, más exposición a la volatilidad internacional y un riesgo de pérdida de actividad productiva».
La apuesta por extender las nucleares por parte del CSN ha chocado directamente con la posición del ecologismo. Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF se han unido para exigir que el gobierno español que detenga la prórroga para Almaraz. Las entidades ecologistas señalan que respetar el calendario de cierre de las centrales nucleares es una cuestión de «defensa del interés general»; motivo por el cual reclaman que el ejecutivo español mantenga las fechas de cierre. De hecho, aseguran que «el informe favorable del CSN se circunscribe a los aspectos de seguridad nuclear y radiológica». Recuerdan que «corresponde ahora al gobierno español valorar el conjunto de implicaciones ambientales, económicas y energéticas de una eventual prórroga y adoptar una decisión coherente con la planificación energética vigente, el interés general y los objetivos climáticos». Y exigen que el ejecutivo de Sánchez mantenga el calendario de cierres, ya que alterarlo generaría «incertidumbre» sobre la planificación climática y energética que desde las administraciones y la sociedad civil se han ejecutado para cumplir con la transición energética.
