En el año 2023 no se superó en ningún momento el umbral máximo de emisiones de dióxido de nitrógeno en Cataluña, según el Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural. De este modo, todas las regiones con límite, incluso Barcelona, han conseguido acabar el año sin infracciones. Según ha asegurado el Gobierno, la mejora más importante se ha producido en los centros de las ciudades, donde los últimos años se han aplicado medidas de mejora de la movilidad y de reducción del parque móvil circulante. Sin embargo, Acción Climática alerta que la normativa europea se endurecerá pronto con nuevas rebajas de límites de contaminación, por lo cual insta a continuar implementando acciones para garantizar el cumplimiento.
Los datos que ha presentado el departamento este lunes corroboran que los datos de la media de 2023 muestran un claro descenso respecto a los niveles del año 2022 y se sitúan muy próximos o inferiores a los de hace dos años, afectados por la pandemia de covid-19. La gran mejora respecto a este contaminante se ha producido en el interior de las ciudades, y se detecta a las estaciones urbanas, las que están ubicadas cerca de las emisiones originadas por el tráfico de los vehículos. De hecho, Acción Climática tilde de éxito la implantación de las zonas de bajas emisiones y recuerda que no se tiene que bajar la guardia, puesto que las afectaciones de la NO2 en la salud están asociadas al sistema respiratorio y a la reducción de la capacidad pulmonar.
Una normativa europea más estricta
En previsión de las nuevas normativas más restrictivas que impulsará la Unión Europea, pero, el Departamento de Acción Climática ha elaborado un nuevo Plan de calidad del aire, con el horizonte 2027, que se encuentra en la fase final de la tramitación administrativa antes de que el Gobierno lo apruebe como Decreto. El documento incorporará, entre otras medidas, la regulación de las ZBE en los municipios de más de 20.000 habitantes, un compromiso logrado con los municipios el marzo del año 2022 en el marco de la tercera Cumbre de la calidad del aire, donde se decidió que la Generalitat sería la administración que coordinara su implantación.
